domingo, 13 de julio de 2014

REUNIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Mañana estamos convocados a las 11.30 horas en Barcelona la comisión de seguimiento con el siguiente orden del día:

.- Lectura y aprobación si procede de las actas número 6 y 7.

.- Información de las salidas prevista para el mes de julio.

.- Bolsa de trabajo.

.- Revisión Salarial segundo semestre 2014.

.- Propuestas inicio de negociación convenio colectivo único de ámbito estatal.

Desde la UGT se le ha planteado la incorporación del siguiente punto en el orden del día:

.- Reglamento de funcionamiento de la comisión de seguimiento en los términos establecidos en el ere estatal.

viernes, 11 de julio de 2014

Las mutuas podrán decidir sobre el alta del trabajador.
El pasado 20 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de mutuas, que pasarían a denominarse mutuas de la Seguridad Social y que ampliarían sus competencias en las bajas por enfermedad.  De ser aprobado el anteproyecto estas entidades podrían dar de alta a un trabajador que estuviera de baja por una incapacidad temporal, si su médico no rechaza esta decisión en un plazo de cinco días hábiles.

Hasta ahora…
Las mutuas solo deciden las altas si se trata de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En el caso de enfermedades comunes y accidentes no laborales, estas asociaciones se limitan a pedir el alta al médico de cabecera de los servicios públicos de salud y, si no responden en diez días a la propuesta, no se declara el alta. Las bajas comunes ya están en buena medida en manos de las mutuas. Solo el 20% de las empresas tiene encargada la gestión de sus bajas comunes al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Estas entidades gestionan cerca del 80% de las bajas por enfermedad común y el 98% de las causadas por accidente laboral que supone la administración de unos 8.300 millones de ingresos de cotizaciones sociales.

Hasta ahora, los médicos de la sanidad pública tenían quince días para contestar a las propuestas de alta de las mutuas y si no lo hacían el trabajador seguía de baja. Aunque no existen datos oficiales, según fuentes de la gestión sanitaria, más del 60% de las propuestas de alta que hacen las mutuas a la sanidad pública se quedan sin contestar (y el 100% en los primeros cinco días).  Y esto es así ya que las mutuas, si así lo desean sus empresas-clientes, pueden empezar a hacerse cargo del pago de la prestación económica por contingencias comunes a partir del decimosexto día de la baja, pues los quince días anteriores corresponde pagarlos a la empresa.

Las mutuas, que trabajan con baremos que miden las duraciones medias de las bajas en función de la lesión, pueden citar a los trabajadores con baja médica tantas veces como consideren necesario y, en esas visitas, a veces se “recomienda” a los trabajadores que regresen a su puesto de trabajo. Negarse a comparecer implica el alta a efectos económicos, es decir, el cese de la prestación que percibe el trabajador.
Cuando las mutuas se hacen cargo de la prestación económica por contingencias comunes, la Seguridad Social les paga un porcentaje que, muchas veces no compensa los gastos que tienen. Pero las mutuas "soportan estas pérdidas" para convencer a la Seguridad Social de que su gestión es buena y, así,  conseguir que algún día se les permita dar las altas médicas en casos de enfermedad común.

Y se plantea que…
Aunque la medida no está definitivamente aprobada, se plantea que las mutuas puedan revisar las bajas por contingencias comunes desde el primer día y podrán realizar una propuesta de alta médica motivada cuando consideren que el trabajador puede reincorporarse a su actividad profesional.

Así, cuando la mutua considere que el empleado ya puede volver a su empresa, realizará una propuesta al facultativo del sistema público de salud que emitió la baja y éste tendrá un plazo de cinco días hábiles para aceptar o rechazar esta solicitud. Transcurrido este tiempo, si el médico no responde a la solicitud, se dará por aceptada y la mutua comunicará al trabajador y a su empresa el alta, que será automática. Y si esto se produce y el trabajador o el médico de la sanidad pública no estuvieran conformes, podrán recurrir a la Inspección del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que deberá emitir su dictamen en cinco días. También la mutua podrá recurrir a esta instancia las propuestas de alta que les sean rechazadas.

Es decir, el primer día de baja ya te estarán llamando a revisión y proponiendo el alta en cuanto no lo vean claro. Especialmente en las bajas por depresión, típicas en el acoso laboral. Eso si, no se entra a valorar el conflicto de intereses que representa que quien financia la prestación decida sobre los términos de la misma.

Nos encontramos, por tanto, con un modelo que echa al sistema público y cede a las mutuas amplias capacidades en la concesión, gestión y extinción de prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

 Una vez más, el Ejecutivo ha hecho caso omiso de todos los agentes comprometidos y principalmente de las propuestas de los trabajadores por medio de sus representantes. Tampoco se han tenido en cuenta las reclamaciones de la inspección médica, ya que se establece un procedimiento que hace responsables a éstos últimos de las consecuencias sanitarias de actos presuntos impulsados por los gestores económicos de la prestación.

Asimismo, se criminaliza a la víctima de la enfermedad y le hace objeto de seguimientos y controles no justificados por actos médicos. El objetivo de seguridad jurídica y transparencia no se logra; al contrario se vicia con un procedimiento sin garantías para los trabajadores y trabajadoras afectados. Fuente cinco días.


miércoles, 9 de julio de 2014

MEDIDAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. REAL DECRETO-LEY 8/2014.... (8/7/2014)

1.- NUEVO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL (arts. 87 a 105 y 111 a 113)
Tiene como finalidad principal que el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación y que sean mayores de 16 años y menores de 25, (o menores de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento), puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas.

En el capítulo I, la Sección 1.ª establece las bases del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (sujetos participantes, ámbito de aplicación, principios generales y objetivos).

La Sección 2.ª establece los aspectos más concretos de la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como la atención que se proporcionará a los usuarios que acceden al mismo (creación y naturaleza del fichero, funciones, datos inscribibles, etc).

Se establecen los siguientes requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil:
a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia.

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.

b) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.

c) Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

d) No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

e) No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

f) No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

g) Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.

La atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por objeto que los inscritos en el mismo, incluidos en la lista única de demanda, puedan beneficiarse de algunas de las medidas o acciones previstas en el artículo 106:

a) En cumplimiento del objetivo de intermediación, se desarrollarán medidas que contribuyan a la mejora de la activación temprana y del perfeccionamiento de los procesos de intermediación y movilidad laboral (actuaciones de orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo, actuaciones con agencias de colocación, programas de movilidad y programas de intermediación educación-empleo, etc).

b) En cumplimiento del objetivo de empleabilidad, se desarrollarán medidas que contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias profesionales (formación con compromiso de contratación, formación en idiomas y en tecnologías de la información, prácticas no laborales en empresas, impulso de la formación profesional dual, desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficios, programas de segunda oportunidad, etc).

c) En cumplimiento del objetivo de apoyo a la contratación, se desarrollarán medidas que incentiven la inserción laboral de los sujetos mayores de 16 años que podrán consistir en incentivos en la cotización a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos, ayudas al empleo para la contratación con un período mínimo de permanencia, fomento de la Economía Social, formación y fomento del empleo para el colectivo de jóvenes investigadores, o cualesquiera otras de carácter similar.

d) En cumplimiento del objetivo de apoyo al emprendimiento, se desarrollarán medidas que apoyen el espíritu emprendedor. Se podrán desarrollar actuaciones o medidas consistentes en incentivos en la cotización a la Seguridad Social, ayudas al autoempleo, capitalización de la prestación por desempleo, asesoramiento al autoempleo y creación de empresas y formación para el emprendimiento o cualesquiera otras de carácter similar.

2.- MEDIDAS DE APOYO A LA CONTRATACIÓN (arts. 107 a 109 y disp. adic. 25ª):

2.1.- Nuevo incentivo por contratación de personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Artículo 107):

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de forma indefinida, incluida la modalidad fija discontinua, a una persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mayor de 16 años y menor de 25 (o menor de 30 en caso de discapacidad), disfrutarán de una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros.

La duración de la bonificación será de 6 meses, estando obligada la empresa o el autónomo a mantener al trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación laboral.

En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como mínimo el 50 por 100 de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose una bonificación de entre 150 y 225 euros para este supuesto en función de la jornada de trabajo.

Esta bonificación será de aplicación a todas aquellas contrataciones que se efectúen desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de junio de 2016.

La bonificación es compatible con el resto de incentivos, siempre que el importe mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo.

La empresa o el autónomo viene obligado a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación durante todo el período de disfrute de la bonificación.

2.2.- Bonificaciones para los contratos en prácticas (Artículo 108.Tres):

Hasta ahora, en los casos de contratos en prácticas existía una reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes del 50 por 100. Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2014, se establece una bonificación adicional del 50 por 100 a las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes, en el caso de contratarse a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.

2.3.- Bonificaciones en los supuestos de contrato a tiempo parcial con vinculación formativa (Artículo 108.Dos):

La contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años sin empleo anterior, con una experiencia laboral inferior a tres meses o que procedan de otro sector (recualificación profesional), y que compatibilicen empleo con formación, daba lugar, durante un periodo de 12 meses, a la siguiente reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes: 75 por 100 de reducción para empresas de más de 250 trabajadores y 100 por 100 para el resto.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2014, son también beneficiarios de este incentivo los supuestos de contratación de personas inscritas en el sistema Nacional de Garantía Juvenil

2.4.- Bonificaciones en los contratos para la formación (Artículo 109):

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social modificará la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, para aumentar las cuantías máximas de las bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social dirigidas a financiar los costes de la formación inherente a dicho contrato, reguladas en al artículo 8 de la citada orden, siempre y cuando se contrate a un beneficiario de la Garantía Juvenil. Asimismo, se introducirá una bonificación adicional para financiar los costes derivados de la obligada tutorización de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje.

2.5.- Bonificaciones a las prácticas académicas de estudiantes universitarios y de formación profesional cuando medie retribución (Disposición Adicional 25ª):

Las prácticas curriculares externas realizadas por los estudiantes universitarios y de formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, tendrán una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014.

3.- MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO (arts. 114 y 115)

Se modifica la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para adaptarla al nuevo modelo de políticas activas de empleo y a la Estrategia Española de Activación para el Empleo:

En primer lugar, es necesario llevar a cabo la reorganización y sistematización de las actuaciones de políticas activas.

En segundo lugar, se requiere cambiar la terminología de las «medidas» y «acciones» de políticas activas, distinguiéndose ahora entre «servicios» y «programas».

Y, por último, se da forma y contenido a la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo contenida en la ley, pero no desarrollada.

4.- ADAPTACION AL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MERCADO (arts. 116 a 119):

4.1.- Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal:

Con el fin de adaptarla a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado se introducen las siguientes modificaciones:

1.- Una vez concedida la autorización, ésta mantiene su vigencia mientras la empresa cumpla los requisitos legales, sin necesidad de prórrogas o renovaciones de ningún tipo.

2.- Se amplían las actividades que van a poder desarrollar, añadiendo las actividades de formación para la cualificación profesional y de consultoría y asesoramiento de recursos humanos.

4.2.- Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, en materia de agencias de colocación:

Las modificaciones tienen por finalidad adaptar la normativa reguladora de las agencias de colocación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, procediéndose a la supresión de la autorización administrativa previa para el ejercicio de la actividad como agencia de colocación sustituyéndola por una declaración responsable, que tendrá validez en todo el territorio nacional desde el momento de su presentación.

4.3.- Modificación del Estatuto de los Trabajadores y la LISOS:

En línea a los anteriores cambios son objeto de modificación el art. 16 del ET (ingreso al trabajo) y los arts. 16.1 y 18.3 de la LISOS.

5.- MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE ECONÓMIA SOCIAL Y AUTOEMPLEO (arts. 120 y 121):

Se extiende a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, así como a los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales, las reducciones de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida previstas en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

El art. 121 recoge el compromiso para que el Gobierno reordene la normativa de incentivos para el autoempleo en una sola disposición.

DEROGACIONES:
Quedan derogados expresamente:

a) El capítulo II de la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo.

b) El artículo 18.2.f) del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.Fuente: Aranzadi.


lunes, 7 de julio de 2014


El ministro asegura que ya contaba con que la medida "iba a levantar alguna crítica", después de que los sindicatos y prácticamente todo el arco parlamentario haya reclamado su retirada.

Hacienda rectifica en la tributación de las indemnizaciones por despido; pero es una rectificación a medias. Los sindicatos vienen reclamando la retirada de la medida, incluida en el proyecto de reforma fiscal anunciado hace un par de semana. De momento, se mantiene, pero va a elevar el nivel a partir del cual se pagaran impuestos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha adelantado que el Gobierno elevará el mínimo exento en el IRPF de la indemnización por despido, establecido ahora en el anteproyecto de ley de la reforma fiscal en 2.000 euros por año trabajado, lo que equivale a sueldos del entorno de 20.000 euros al año. Montoro que el proyecto de ley  que aprobará el Gobierno el 18 de julio para su remisión a las Cortes, establecerá un mínimo exento superior a estos 2.000 euros por año trabajado, con lo que las indemnizaciones por despido exentas del pago del IRPF superarán el 80%. El ministro no ha apuntado hastá que nivel se elevará la exención.

El ministro afirmó que el mínimo incluido en el anteproyecto de ley era una "propuesta para dialogar y negociar", e incluso llegó a asegurar que el Gobierno ya contaba con que la medida "iba a levantar alguna crítica", después de que los sindicatos y prácticamente todo el arco parlamentario se hayan opuesto a la medida. Montoro defendió que las indemnizaciones por despido deben tributar, como lo hacen en todos los países europeos salvo en Francia, y apuntó que el aumento de la tributación de estas indemnizaciones se aplicará en un contexto en el que se producirán menos despidos por la mejora de la situación económica, por lo que los posibles afectados serán muchos menos. "Vamos a aplicarla en un contexto económico completamente diferente", reiteró.

El titular de Hacienda también quiso dejar claro que el mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado afecta únicamente al 20% de las indemnizaciones por despido, que son las "más altas", por lo que el 80% restante no se ven afectados por esta regulación, porcentaje que se elevará toda vez que el Gobierno piensa incrementar este mínimo. "Tenemos la mejor disposición (de modificar esta medida), ya estamos hablando con los agentes sociales para modificar la propuesta inicial y la modificación irá en línea de elevar los mínimos exentos que hemos propuesto para que los que reciben indemnizaciones muy altas tributen por ellas", subrayó el ministro.

Hasta ahora, las indemnizaciones por despido sólo tributaban si superaban el máximo que marca la ley (los 45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y los 33 días tras la reforma). Tras la entrada en vigor de la reforma fiscal, todas las indemnizaciones por despido tendrán que tributar, aunque se beneficiarán de este mínimo exento de por año trabajado. Los responsables de la Administración tributaria sostienen que con la nueva regulación, el Gobierno quiere evitar ciertos abusos que se producía en algunas salidas que se pactaban con indemnizaciones millonarias, en parte exentas de tributación. En su opinión, estas situaciones de "inequidad" deben corregirse para ofrecer más neutralidad al sistema. Fuente: Europa press.


domingo, 6 de julio de 2014

Las bajas por enfermedad o accidente y la prestación por desempleo
La seguridad social protege al trabajador cuando este se encuentre en una situación de incapacidad temporal motivada por una enfermedad o accidente. Las incapacidades temporales, pueden ser debidas a dos tipos de contingencias:
Conviene aclarar también la diferencia entre prestación por desempleo y subsidio por desempleo:
  • Prestación por desempleo: Prestación contributiva, a la cual se tiene derecho en determinadas situaciones de pérdida del trabajo y a la que su duración y cuantía está determinada por el tiempo que el trabajador haya cotizado. En esta entrada de Cuestiones laborales, analizamos los requisitos su duración y cuantía.
  • Subsidio por desempleo: Prestación asistencial, que se le concede a determinados trabajadores una vez finalizado la prestación por desempleo. La cuantía es el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Está pensado para aquellos trabajadores que carecen de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El trabajador finaliza el contrato estando de baja

Si al finalizar el contrato el trabajador está de baja, seguirá percibiendo la prestación económica por incapacidad temporal hasta la fecha del alta médica. Pero su cuantía cambia, y pasa a ser la correspondiente a una prestación por desempleo.
El trabajador tiene derecho a paro

Los derechos del trabajador cambian en función de las contingencias comunes o profesionales:
  • Incapacidad temporal debido  a contingencia común: Se le descontará de la duración del paro el tiempo que esté de incapacidad temporal. Es decir, que si tiene una vez finalizado tiene derecho a un año de paro, y permanece dos meses de incapacidad temporal, posteriormente podrá cobrar ocho meses de prestación por desempleo.
  • Incapacidad temporal debido a contingencias profesionales: No hay descuento del periodo percibido entre el fin del contrato y el alta médica. Finalizado la contingencia profesional, cobrará la prestación por desempleo con la duración que le corresponde, sin ningún tipo de disminución.
El trabajador un vez recibido el alta, tiene un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación por desempleo.
El trabajador no tiene derecho a paro

Si el trabajador no tiene derecho a cobrar el paro, cobrará igualmente el periodo de incapacidad temporal hasta que tenga el alta médica. Si tiene derecho al subsidio por desempleo podrá cobrarlo, una vez finalizada la incapacidad temporal, y no se le descontará de la duración de dicho subsidio.
El trabajador que percibe una prestación por desempleo sufre una baja por incapacidad temporal.

El trabajador que sufre una incapacidad temporal  mientras recibe la prestación contributiva seguirá percibiendo la prestación en la misma cuantía. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre de baja, no tendrá que renovar la demanda de empleo, pero si entregar en la oficina de prestaciones el parte de baja por incapacidad temporal, así como los partes de confirmación semanales y el alta médica cuando ésta se produzca.
El trabajador finaliza el periodo de prestación y sigue estando de baja

Cuando termina el derecho a la prestación por desempleo, y continúa estando de baja, el trabajador percibirá el 80% del IPREM. Una vez finalizado la incapacidad, tiene un plazo de 15 días hábiles desde la fecha de alta para solicitar el subsidio por desempleo., que cobrará en su totalidad sin ningún tipo de descuento en su duración si tiene derecho a él.
El trabajador se encuentra cobrando el subsidio y tiene una baja por enfermedad

La cuantía y duración del subsidio no varía. Sólo se modifica su situación como demandante de empleo, y por lo tanto no tendrá que renovar la demanda ni podrá asistir a cursos de formación. Una vez finalizado el subsidio no tendrá derecho a ninguna prestación económica, incluso para el caso que continúe la enfermedad común o accidente no laboral. Fuente: cuestiones laborales.


sábado, 28 de junio de 2014


LA MUERTE DEL TRABAJADOR NO EXTINGUE SU DERECHO A LAS VACACIONES ANUALES RETRIBUIDAS

El Derecho de la Unión Europea se opone a las normativas y prácticas nacionales que no permitan la compensación financiera a sus familiares por las vacaciones no disfrutadas en caso de fallecimiento del trabajador.

La Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo establece que todos los trabajadores dispondrán de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas y que dicho período no podrá ser sustituido por una compensación financiera, salvo en caso de conclusión de la relación laboral.

El Sr. Bollacke trabajó en la empresa K+K entre el 1 de agosto de 1998 y el 19 de noviembre de 2010, fecha de su fallecimiento. Desde 2009 sufría una enfermedad grave, por la que se le concedió la baja laboral hasta la fecha de su muerte. En esa fecha, el Sr. Bollacke había acumulado 140,5 días de vacaciones anuales no disfrutadas.

La viuda del Sr. Bollacke reclamó a K+K una compensación financiera correspondiente a las vacaciones anuales no disfrutadas por su marido. La empresa rechazó la solicitud, manifestando sus dudas acerca de que la compensación financiera pudiera transmitirse por vía sucesoria.

Al conocer del asunto, el Landesarbeitsgericht (tribunal de apelación de asuntos laborales, Alemania) pregunta al Tribunal de Justicia si conforme al Derecho de la Unión cabe admitir una normativa o unas prácticas nacionales que establecen que, en caso de que la relación laboral concluya como consecuencia del fallecimiento del trabajador, el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se extingue sin dar derecho a una compensación financiera por las vacaciones no disfrutadas. También pregunta si ese derecho está supeditado a que el trabajador solicite la compensación previamente.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que el derecho a las vacaciones anuales retribuidas es un principio de Derecho social de especial importancia y que el derecho a las vacaciones anuales y el del pago correspondiente a las mismas constituyen dos vertientes de un único derecho.

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando la relación laboral finaliza, el trabajador tiene derecho a una compensación para evitar que se impida cualquiea disfrute del derecho a las vacaciones. El Derecho de la Unión se opone a disposiciones o prácticas nacionales en cuya virtud no se paga una compensación financiera al trabajador al finalizar la relación laboral, cuando éste, debido a una enfermedad, no ha podido disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas.

El Tribunal de Justicia señala que la expresión «vacaciones anuales retribuidas»significa que la retribución del trabajador debe mantenerse mientras duren las vacaciones anuales.

El derecho a una compensación financiera en caso de que la relación laboral concluya como consecuencia del fallecimiento del trabajador garantiza el efecto útil del derecho a las vacaciones. El hecho de que la muerte del trabajador se produzca de modo fortuito no debe implicar retroactivamente la pérdida del derecho a las vacaciones anuales retribuidas.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión se opone a normativas o prácticas nacionales que establecen que, cuando la relación laboral concluye como consecuencia del fallecimiento del trabajador, el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se extingue sin dar derecho a una compensación financiera por las vacaciones no disfrutadas.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia declara que dicha compensación no puede supeditarse a que el interesado la solicite previamente. Fuente:UGT

jueves, 26 de junio de 2014

Novedades en el Reglamento General de Circulación
Dirección General de Tráfico para la modificación del actual Reglamento General de Circulación, ha  eliminado algunos de los aspectos más conflictivos que se habían introducido en el proyecto de modificación inicial presentado en marzo de 2013.  Como la propuesta de la reducción de la velocidad máxima permitida para la circulación de camiones y furgonetas a 70 km/hora, lo que suponía en la práctica una reducción en la actividad para las empresas transportistas en torno al 15% diario, o la supresión de la exención de la utilización del cinturón de seguridad por parte de taxistas y transportistas repartidores de mercancías en ámbitos urbanos, por lo que tal exención se mantiene en el  nuevo proyecto de modificación que ahora se tramita.

Las principales modificaciones que se introducen en el proyecto de modificación del Reglamento General de Circulación son las siguientes:

1.-Se equiparan las velocidades máximas permitidas para los vehículos articulados (tractora más semirremolque) y los trenes de carretera (camión rígido más remolque), que a partir de que se apruebe el Reglamento podrán circular a 90 k/h en autopistas y autovías y a 80 k/h en carreteras convencionales.

2.-Se establece una nueva limitación de velocidad para los autobuses que no lleven instalados cinturones de seguridad o lleven pasajeros de pie, que no podrán circular a más de 80 k/h en autopistas y autovías y a 70 k/h en carreteras convencionales.

3.-En el caso de turismos y motos en autopistas y autovías con limitación de velocidad a 120 km/h se podrá aumentar a 130 km/h si se autoriza en los paneles de información variable situados en la vía.

4.-La retirada de los vehículos accidentados en carretera, deberá llevarse a cabo sólo por las empresas especializadas en auxilio en carretera, debidamente autorizadas.

5.-En caso de pérdida del permiso de circulación no se obligará a pasar una inspección técnica del vehículo si éste se encontrase al corriente de sus revisiones técnicas periódicas.

6.-Se recoge la posibilidad de que las autovías puedan estar sujetas en el futuro a peaje, lo que requerirá el pago de dicho peaje para poder circular por ellas.

7.-Se establece una regulación detallada de los vehículos especiales y de los vehículos en régimen de transporte especial, esto es, de los que superen las masas o dimensiones máximas permitidas debido a la carga indivisible que transportan.


miércoles, 25 de junio de 2014

Las indemnizaciones por despido tributarán más tras la reforma fiscal.

   Las indemnizaciones por despido tributarán más tras la entrada en vigor de la reforma fiscal del Gobierno, aunque contarán con un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado.

  Hasta ahora, las indemnizaciones por despido sólo tributaban si superaban el máximo que marca la ley (los 45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y los 33 días tras la reforma).

   Tras la entrada en vigor de la reforma fiscal, todas las indemnizaciones por despido tendrán que tributar, aunque se beneficiarán de un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado, lo que permitirá que los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros o menos no tengan que pagar a Hacienda cuando sean despedidos.

   En concreto, los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros al año que vayan a recibir una indemnización por despido de 1.833 euros por año seguirán exentos de tributación. De la misma forma, todos los contribuyentes que hayan tenido sueldos inferiores a 20.000 euros seguirán disfrutando de la exención del 100% de su indemnización si son despedidos.

   En cambio, los que hayan percibido un sueldo de 30.000 euros al año y tengan derecho a una indemnización de 2.750 euros por año trabajado disfrutarán de una exención del 72,72% del total tras aplicarles el mínimo exento.

   Los que hayan cobrado 40.000 euros al año y tengan derecho a una indemnización de 3.666 euros por año se beneficiarán de una exención del 54,55%, mientras que los que hayan percibido un sueldo de 50.000 euros y vayan a recibir una indemnización de 4.583 euros al año tras ser despedidos, disfrutarán de una exención del 43,64%.

HACIENDA ESCUCHARÁ A LOS AGENTES SOCIALES


    Es sólo una propuesta "inicial" y que escucharán lo que tengan que decir los agentes sociales al respecto. Fuente. El economista.